La reforma de la ley de bases del régimen local, según manifiestan desde IU, supondrá «un retroceso de los derechos conquistados por los pequeños municipios». Miguel Ramírez, coordinador provincial de IU, anunciaba que su formación política comienza a movilizarse contra esta reforma que consideran «injusta, antidemocrática -«atenta contra el principio de autonomía local, reconocido en la Constitución»- y un auténtico disparate». Hoy, 16 de octubre, llevarán a cabo una manifestación, con este motivo, en Ciudad Real y seguirán desarrollando diferentes acciones.
Ramírez comentaba que la nueva ley perjudicaría, especialmente, a los pequeños municipios (menores de 20.000 habitantes) y al desarrollo del ámbito rural. «La escusa de esta reforma es que pretenden ahorrarse 8.000 millones de euros en tres años. La realidad es que acabarán con muchos servicios municipales, que acabarán privatizándose o desapareciendo». Esta conclusión la basa en la supresión de competencias de los Ayuntamientos en materias como el empleo, la iniciativa económica o la educación. Como ejemplo, dijo que servicios como la oficina del consumidor podrían cerrarse y desaparecerían los planes de empleo locales e iniciativas sociales. Se refirió también a los diferentes informes que se han presentado contra esta reforma, entre ellos, uno procedente de la Junta de Comunidades de Castilla León (gobernada por el PP) que hace referencia a que esta reforma sería «un varapalo tremendo para el mundo rural, empeorando la calidad de vida de los habitantes de pequeños municipios; al quedarse los Ayuntamientos sin competencias». A esto añadió Ramírez que «casi 300.000 empleados verían peligrar su continuidad en los diferentes servicios municipales».
CASO CCM
Por último, el coordinador provincial de IU hizo mención a la última imputación de siete consejeros de CCM, como responsables de la quiebra de la entidad bancaria. Mencionó, especialmente, a tres de los nuevos imputados: José Fernando Sánchez Bódalo (PSOE), Emilio Sanz (PP) y José Mª Fresneda (ASAJA).
«Era una noticia esperada desde IU, que siempre ha pedido que se depuraran responsabilidades. Esta imputación viene a confirmar la complicidad del bipartidismo regional que venimos denunciando». Así mismo, Ramírez comunicó que IU pediría una comisión de investigación en este caso, «porque faltan nombres de empresarios, toda una trama civil beneficiaria de las acciones de los responsables de la quiebra de CCM».
Quiso recordar también que se estaba «estrechando el cerco judicial» en el caso Bárcenas en Castilla La Mancha y la financiación ilegal del PP.
