Agentes de Policía Nacional han detenido en Ciudad Real a un matrimonio de origen rumano que explotaba a compatriotas en trabajos agrícolas. A las víctimas, que eran captadas en Rumania, les ofrecían un trabajo bien remunerado en España, pero una vez en su destino eran hacinadas y obligadas a trabajar en el campo para saldar la deuda que habían contraído. Algunos de los explotados tenían hijos a su cargo y eran presionados para darlos en adopción y renunciar a sus tutelas para así no tener que costear su manutención.
La investigación se inició en el mes de octubre del pasado año tras recibir una solicitud de colaboración de la Agregaduría de Interior de la Embajada de Rumania en España para aclarar la adopción de un menor de nacionalidad rumana en nuestro país. Al parecer, una mujer había recibido presiones en España por parte de un matrimonio para que entregara a los servicios sociales a su hijo recién nacido.
Explotados laboralmente bajo amenazadas y viviendo hacinados
Tras realizar numerosas averiguaciones los investigadores localizaron en Ciudad Real a la pareja y comprobaron que efectivamente, bajo la falsa promesa de un trabajo bien remunerado en España, captaban en Rumania a hombres y mujeres de los estratos más desfavorecidos, algunos con hijos de corta edad a su cargo. Una vez en España les retiraban el pasaporte y la documentación y eran obligados a trabajar en el campo para abonar la deuda que supuestamente habían contraído en concepto de gastos del viaje, manutención y gestión. Las víctimas sufrían amenazas constantes y vivían hacinadas en viviendas facilitadas por los detenidos.
Por otra parte, se comprobó que el matrimonio presionaba a las víctimas para que dieran en acogimiento o en adopción a los hijos a su cargo y renunciaran a su tutela para así no tener que costear su manutención.
Una vez obtenidas las pruebas que los incriminaban, se procedió a la detención de este matrimonio rumano en la localidad de Tomelloso (Ciudad Real), y fueron entregados a las autoridades de su país de origen para el cumplimiento de la sentencia impuesta de tres años de prisión.
En las actuaciones intervinieron el Grupo VIII de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos, y la Brigada Provincial de Extranjería, Fronteras de Ciudad Real y la unidad de Extranjería y Documentación de Tomelloso (Ciudad Real), que gracias a su rápida intervención evitaron futuros hechos de naturaleza similar.
