Cargando...El delegado local, Villar comenta que “ahora tendremos que afrontar todos los alcazareños bien vía impuestos, o bien vía externalización o venta al sector privado de la gestión del servicio público de suministro de agua. Apartando la solución de Aguas de Alcázar, lo que sabemos certeramente es que pagaremos todos nosotros, los ciudadanos, esta grave gestión.”
«Desde UPyD defendemos la titularidad pública de todo servicio que tenga carácter esencial para la comunidad, como es el caso del agua, pero a diferencia del PSOE, nuestro objetivo es gestionar dicho servicio público con transparencia y con eficiencia, de modo que no se convierta en una carga económica para la ciudadanía, ni tampoco en un coladero de turbios intereses clientelares para el grupo político en el poder».
«Asimismo, y a diferencia del PP y su socio llamados Ciudadanos por Alcázar, nosotros apoyamos la celebración de un Referéndum que permita solventar y zanjar esta cuestión de modo definitivo y pacífico. Entendemos que es la mejor solución a este conflicto porque otorga la última palabra y capacidad de decisión a la ciudadanía de Alcázar».
«Para el PP el principio de autoridad siempre ha estado por encima de sus legítimos titulares y dueños, que no son otros que los ciudadanos, de quienes emana toda legitimidad, toda representación y todo poder. Por desgracia, el PP aún se muestra heredero de la visión autocrática y autoritaria propia de sus orígenes franquistas, y continúa considerando al pueblo como sujetos del poder, es decir como súbditos. Por eso no quiere ni oír hablar de consultas populares, ya que la función característica de los súbditos es asentir y obedecer sin rechistar a la autoridad».
«En UPyD entendemos que los ciudadanos valen todos por igual, y no nos importan sus orígenes, ni sus apellidos, ni sus estirpes, y también entendemos que en situaciones de especial relevancia, en las que la ciudadanía reclama el protagonismo para decidir el destino de un bien público de enorme trascendencia para el municipio como es el agua, el poder político debe obedecer a la ciudadanía en su solicitud de celebrar una consulta popular sobre este asunto».
