Cargando...En palabras de Ormeño, en la mencionada información, basada en las actuaciones que está desarrollando el Juzgado nº2 de Alcázar de San Juan, se advertía de “la utilización de dinero público para hacer adjudicaciones siempre a los mismos, saltándose todos los procedimientos legales establecidos”.
El concejal de Ciudadanos por Alcázar acusó al ex alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo y a la ex concejal de Hacienda, Ana Belén Tejado de “estar haciendo un doble juego por decir una cosa a la opinión pública y otra en sede judicial” y el artículo de ‘El Mundo’ “pone de manifiesto que el PSOE miente cuando dice que se ha dicho todo al respecto”.
Ejemplo de ello es que según Ormeño que Sánchez Bódalo afirmó ante los medios de comunicación que la deuda de Aguas de Alcázar era una “cuestión técnica”, mientras que ante la jueza “reconoció que en el año 2009 ya sabía que existía una deuda millonaria”. En este mismo foro declaró que en esa misma fecha “firmó un documento por el que la deuda se pasaba a largo plazo”, al tiempo que reconoció que “de no haberse hecho así, la empresa municipal hubiese ido a una quiebra fraudulenta”, una decisión que según el concejal de Servicios Jurídicos “no podía adoptar él, sino que tenía que haberlo hecho el pleno” y “piensa que como la Justicia es lenta, le va a dar a tiempo a desvirtuarlo todo”, añadió.
OBRAS EN EL MERCADILLO
Mariano Ormeño puso un ejemplo de uno de los casos que se investigan en el Juzgado alcazareño sobre Aguas de Alcázar. En concreto se refirió a unas obras de eliminación de barreras arquitectónicas en la zona del mercadillo para las que se pidió una subvención a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, unas obras que “no se hicieron”, pero sobre las que sin embargo, se emitió un informe justificativo de su ejecución al Gobierno regional, lo que con posterioridad fue comprobado por un inspector de la Junta, con el resultado de que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha pidió al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la devolución de la subvención más los intereses correspondientes. “Hemos engañado a la Junta con certificaciones de obras no ejecutadas para no perder la subvención y eso es una estafa”, apuntó Ormeño y por ello pide explicaciones tanto a Sánchez Bódalo como a Tejado porque “han mentido y presuntamente delinquido”.
El edil de CxA habló también sobre otro de los aspectos a los que se refiere el artículo de ‘El Mundo’, en el que se afirma que “a un alto funcionario se le abonaba el 2% del presupuesto de ejecución, aparte de su sueldo, lo que le llevó a cobrar comisiones de unos 140.000 euros en un año” y una cantidad similar en otro.
Por último, preguntado por el curso que deben seguir los acontecimientos, el responsable de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento explicó que las declaraciones de Sánchez Bódalo, el ex gerente de Aguas de Alcázar, Benito Montiel y personal técnico, todos ellos imputados, que se están produciendo en estos días, forman parte de la instrucción del caso que se está haciendo en el Juzgado nº2 de Alcázar. Finalizada esta fase, un perito deberá emitir informes sobre “la posible sobrefacturación que se llevaba a cabo en Aguas de Alcázar”. Terminada la instrucción, la jueza deberá considerar la elevación del caso al Juzgado de lo Penal de Ciudad Real, y aunque no es posible determinar fechas exactas, Ormeño considera que esto podría pasar en el verano y que el caso podría estar resuelto por completo este mismo año.
