Cargando...Jacinta Monroy, vicepresidenta del Área de Cooperación Municipal, ha clausurado un curso formativo sobre las nuevas orientaciones estratégicas de la función pública, que se ha celebrado en Ciudad Real, dirigido principalmente a los secretarios e interventores de los ayuntamientos de la provincia.
La vicepresidenta, que ha insistido en la importancia que tiene la formación para el personal de la administración pública, ha reiterado una vez más la colaboración de los funcionarios con los órganos políticos, asegurando que la intervención de los técnicos es imprescindible para la buena gestión de los ayuntamientos y, por lo tanto, para el asesoramiento de alcaldes y concejales, cuyas actuaciones redundan finalmente en la buena marcha de los municipios.
Monroy ha precisado que la realización de este tipo de cursos sirven para estar al día de los reglamentos y órdenes ministeriales y ha recordado el esfuerzo que está haciendo la Diputación de Ciudad Real en beneficio de los municipios de la provincia, para aplicar las normativas, a veces tan cambiantes, que se producen por los acontecimientos políticos y sociales que intentan dar modernidad a la administración local y ser de utilidad a la ciudadanía.
Alrededor de cuarenta y cinco secretarios, secretarios-interventores e interventores de las Corporaciones Locales han asistido a esta acción formativa organizada por el Servicio de Asesoramiento a Municipios de la Diputación Provincial de Ciudad Real en colaboración con el Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
Las diferentes ponencias ha corrido a cargo de especialistas en la materia como José Manuel Martínez Fernández, vicesecretario general del Ayuntamiento de Valladolid, y Pilar Ortega Jiménez, interventora del Ayuntamiento de León, así como de Tomás Robledo de Dios, tesorero de la Diputación de Ciudad Real y Manuel Aleixandre Rico, profesor de psicología de la Universidad de Granada, que durante cuatro días han abordado temas relacionados con la gestión de servicios públicos, las novedades en el sector público instrumental, las competencias de las Diputaciones Provinciales con la LRSAL (ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), la estabilidad presupuestaria, etc.
