Cargando...Este Manifiesto, dirigido a todas las empleadas y empleados públicos penitenciarios, dice:
«Desde la Plataforma en defensa del modelo público de Instituciones Penitenciarias (II.PP), con los empleados públicos necesarios, queremos agradecer a todas las trabajadoras y trabajadores penitenciarios la participación en las movilizaciones que se están realizando en nuestro ámbito desde julio de 2013».
«La movilización de la Plataforma, en defensa del modelo público de II.PP, ha tenido como consecuencia que el partido del Gobierno reconozca públicamente la carencia de empleados públicos en II.PP y se haya aprobado una Oferta de Empleo Público (OEP) de 90 plazas, sin duda insuficiente para solventar los más de 2.500 efectivos que faltan en nuestro ámbito. Pero gracias a la presión de los sindicatos firmantes de dicha plataforma y del conjunto de trabajadoras y trabajadores, que han secundado las movilizaciones convocadas, el Ministerio del Interior se ha visto obligado a dar el primer paso».
«Este proceso de movilizaciones tiene como objetivo la materialización de una serie de importantes reivindicaciones: Exigimos paralizar la privatización de nuestro medio, es decir, la implantación de la seguridad privada y conseguir una OEP para Instituciones Penitenciarias que pueda solventar el déficit estructural de personal, tanto de funcionarios como de laborales».
«También exigimos a los responsables políticos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que reconozcan la profesionalidad e implicación de todas las trabajadoras y trabajadores penitenciarias, y dediquen menos esfuerzos a perseguir al empleado publico penitenciario y más a solventar los graves problemas de la Institución».
«La aprobación de la Ley de Seguridad Privada es un paso más dentro del afán de este Gobierno por reducir el espacio de lo público a la mínima expresión, y consolida la privatización de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios posibilitando la irrupción de la vigilancia privada en espacios públicos, como el interior de los Centros Penitenciarios».
«Este proceso de movilizaciones pretende impedir que las empresas de seguridad privada puedan extender su negocio a puestos de trabajo ocupados, hasta hoy, por empleados públicos penitenciarios, especialmente en el área de vigilancia».
«Deterioro de las condiciones de trabajo»
«El déficit estructural de personal conduce a Instituciones Penitenciarias a una situación de deterioro absoluto que ya está teniendo consecuencias concretas en nuestras condiciones de trabajo»:
«No hay concursos de provisión de puestos de trabajo de una manera normalizada, y los que tenemos son irrelevantes. Esto ya está afectando gravemente a la conciliación de la vida familiar».
«No hay posibilidad de promocionar; en el último concurso, para los grupos C1 y A2 no hubo plazas con nivel superior al 15».
«La segunda actividad, sin falta de empleados públicos, quedará vacía de contenido y supondrá un aumento de carga de trabajo para vigilancia».
«La falta de personal puede comprometer el desarrollo de las infraestructuras penitenciarias en fase de construcción (Archidona, Soria, Ceuta, Siete Aguas, etc) y también el futuro de algunos centros actualmente en funcionamiento».
«El aumento de las agresiones en los últimos años».
«La limitación en la disposición de vacaciones y días de permiso».
«Proceso de privatización»
«También queremos señalar el proceso de privatización iniciado en el extinto Organismo Autónomo y su cambio de estatus jurídico a Empresa Pública Estatal, con lo que ello conlleva para los empleados públicos penitenciarios y los múltiples efectos que tendrá sobre nuestra Institución».
«Hacemos un llamamiento a los empleados públicos penitenciarios para que sigan participando con más ahínco en las movilizaciones y defiendan unas Instituciones Penitenciarias públicas con los trabajadores públicos necesarios».
«Todas y todos somos necesarios. Sólo juntos podremos conseguir mantener un sistema público de Instituciones Penitenciarias. Juntos debemos esforzarnos por frenar el deterioro de nuestras condiciones laborales y por restablecer aquello que nos han quitado (paga extraordinaria, días de asuntos propios, presupuesto para Acción Social, etc )».
