Cargando...Durante este trimestre la Agricultura ha perdido 11.500 empleos, lo que supone una caída de la ocupación del 1,58% respecto a la EPA anterior y a un total de 717.400 personas ocupada en el sector. Esta caída ha sido más importante en la ocupación femenina, con un descenso del 4% (6.800 mujeres).
En materia de ocupación, respecto al primer trimestre de 2014, la Agricultura destaca por ser el único sector que pierde empleo, con una caída del 11,33% y la destrucción de 91.700 puestos de trabajo en los últimos doce meses. Desde esta perspectiva anual, el empleo femenino vuelve a ser el gran castigado, con una disminución del 20,82%.
El desempleo agrario se ha incrementado en un 3,56% respecto al último trimestre de 2014, con 9.700 parados más.
Respecto al mismo periodo de 2014, en los últimos doce meses el desempleo desciende en todos los sectores de actividad excepto en la Agricultura, que registra un incremento del paro del 16,26% con 39.300 parados más que hace un año.
En comparación tanto con el pasado trimestre como con el mismo trimestre de 2014, las comunidades autónomas que más han incrementado el paro agrario son Andalucía, Madrid y Castilla La Mancha. Alrededor del 60% del desempleo agrario se concentra en Andalucía.
Según el secretario del Sector Agrario de FITAG-UGT, la Administración central no puede seguir haciendo oídos sordos a una realidad que se refleja mensualmente en los informes de la SEPE y trimestralmente en la EPA: una situación de paro estructural en la agricultura. Por ello, desde nuestra federación consideramos que el sector necesita medidas específicas para fomentar el empleo que, entre otras cuestiones, deberían contemplar el incremento de la inspección de trabajo para hacer aflorar el empleo sumergido y planes específicos de empleo como formación específica adecuada a una agricultura moderna y tecnificada acorde a nuestros tiempos.
Por otro lado, consideramos ineludible que se articulen protocolos estables de carácter automático, que permitan la puesta en marcha de medidas para paliar la pérdida de empleo en las campañas agrarias, ya sea por inclemencias climatológicas, plagas, cierre de mercados, etc.
Además, el Gobierno ha de poner en marcha la prestación asistencial de la que carecen los trabajadores eventuales agrarios, reflejada en la ley que integró a los trabajadores agrarios en el Régimen General de la Seguridad Social, y que se viene incumpliendo desde el año 2012.
