Cargando...ASAJA de Castilla-La Mancha asistirá mañana a la reunión convocada por la Consejería de Fomento para participar en el desarrollo de las líneas generales de la “Política de Agua (2015-2020)”, en el contexto del “Acuerdo Marco para la Recuperación Social y Económica de Castilla-La Mancha (2015-2020)” que quiere alcanzar el Gobierno regional con los agentes económicos y sociales.
La planificación hidrológica, los usos del agua y la investigación, desarrollo e innovación son algunos de los pilares estratégicos que se presentarán en el primer encuentro de la Consejería con las organizaciones agrarias.
Por su parte, ASAJA de Castilla-La Mancha planteará que el futuro de la agricultura de la región pasa por el agua, pues las explotaciones de secano no podrán sobrevivir por mucho tiempo más, ante la subida de los costes de producción y la competencia cada vez mayor.
La Organización Agraria lamenta el olvido histórico que viene sufriendo la región y subraya que para garantizar el futuro de la región y del país, se necesita invertir en infraestructuras que comuniquen España con algo tan vital como el agua, tal como se ha hecho ya con el gas, la telefonía o el tren de alta velocidad.
Mientras las últimas lluvias han desbordado los ríos del norte de la península, los embalses castellano-manchegos, como el de Entrepeñas, muestran una sequía incluso mayor que hace diez años, debido a la falta de una adecuada gestión hidráulica.
Por ello, ASAJA CLM responsabiliza a la clase política del déficit en materia hidráulica que sufre esta región desde el inicio de la Democracia. Mientras en Castilla-La Mancha, de la superficie de cultivo existente, el 13,6% es de regadío, en Murcia ese porcentaje represente el 38,7% y en la Comunidad Valenciana, un 44,4%.
Por último, la organización agraria ya ha expresado su rechazo a los planes hidrológicos y las consecuentes restricciones de agua para regadío, pues los diagnósticos en los que se basan las redacciones son previsiones y no contemplan el cambio real en los consumos. Los planes conllevan una importante reducción de la actividad agraria, lo que supone graves repercusiones negativas de índole económica y social para los agricultores y ganaderos.
