Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras alcanzar una conformidad entre las partes, en materia de responsabilidad civil, les impone una indemnización conjunta y solidariamente a cinco de los afectados de 3.700 euros, a repartir entre ellos en distintas cantidades.
La pena de cárcel se ha visto reducida al concurrir la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Al respecto, la Audiencia considera probado que dos de los acusados, actuando de apoderado y administradora de una empresa, y con la colaboración de una tercera persona, facilitaron a numerosos ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en España contratos de trabajo con la citada empresa para obtener autorización de trabajo y permiso de residencia, amparado por dichos contratos.
Los acusados representantes de la empresa simulaban la expectativa de una relación laboral, cobrando a los ciudadanos extranjeros diversas cantidades de dinero, a sabiendas que las correspondientes autorizaciones administrativas solicitadas nunca serían atendidas por no garantizar la continuidad de la relación laboral durante el año de duración que se hacía constar en dichos contratos.
El tercer acusado, desde Ciudad Real, actuaba como intermediario de los primeros tanto en labores de captación de inmigrantes como en la gestión de cobro de las cantidades pedidas a cambio de los citados contratos.
