«Prácticamente la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de Renfe, ADIF y FEVE, a los que no se había entregado carta de servicios mínimos, han atendido, en toda España, la llamada de los Sindicatos de estas empresas a parar durante 24 horas hoy, día 3. Hay que resaltar la responsabilidad de trabajadores/as y Sindicatos asegurando el desarrollo ejemplar del derecho constitucional a la huelga y al trabajo. Sin embargo, el gobierno, además de imponer unos servicios mínimos abusivos y desconocidos en las relaciones laborales del sector ferroviario, ha desplegado en las principales estaciones un ejército de policía anti disturbio, a pesar de que los trabajadores y trabajadoras que se han manifestado en distintas estaciones de España, lo han hecho con la habitual enérgica y correcta forma de protestar, sin provocar en ningún momento a la policía», informan los sindicatos en un comunicado de prensa.
Los portavoces de los Sindicatos convocantes, han reafirmado «su deseo de no detenerse hasta que el ferrocarril público, de toda la ciudadanía, esté a salvo de quienes quieren rapiñarlo a costa del esfuerzo y los impuestos de dicha ciudadanía. Por ello, la huelga de hoy y las multitudinarias concentraciones, a pesar del acoso policial, no hace más que consolidar la creencia de los representantes de los/las trabajadores/as en la necesidad de luchar para que el patrimonio de toda la ciudadanía y los puestos de trabajo directos e indirectos que mantienen las empresas ferroviarias, no se vean amenazados por una política ultraliberal y deshumanizada».
«CCOO, CGT, SCF, SEMAF, SF y UGT han querido hacer aportaciones a la necesaria evolución del ferrocarril; pero el Ministerio de Fomento y las Empresas han practicado la “burla”, prometiendo no tomar decisiones sin diálogo con los Sindicatos, pero aprobando Reales Decretos-ley sin una sola consulta a dichos Sindicatos. Por ello, condenamos las prisas, la falta de rigor y de transparencia con que se quiere llevar a cabo este proceso, que esconde una clara intención privatizadora, y tal vez con plusvalías no para la ciudadanía, propietaria del ferrocarril, sino para empresarios próximos. Y condenamos que el Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, manipule la información hablando de que hay “contexto de diálogo”, cuando lo único que hay son “hechos consumados” que se comunican a los Sindicatos».
Además, «denunciamos el estado policial que el PP ha impuesto a unos trabajadores que sólo quieren defender su derecho constitucional a trabajar y tener un salario digno (art. 35 CE)».
