Cargando...A raíz de la sentencia favorable del Supremo que ha obtenido el consistorio de Puebla de Don Rodrigo
Caballero ha reunido esta mañana a representantes municipales de los consistorios de Alcoba, Almadén, Almuradiel, Arroba, Cabezarrubias, Ciudad Real, Fuencaliente, Hinojosas de Calatrava, Horcajo de los Montes, Luciana, Mestanza, Navas de Estena, Picón, Calzada de Calatrava, San Lorenzo de Calatrava, Solana del Pino, Torre de Juan Abad, Villanueva de San Carlos y Viso del Marqués tras estudiar la sentencia del Tribunal Supremo que ha dado la razón al ayuntamiento de Puebla de Don Rodrigo, que articuló el establecimiento de una tasa a través de una ordenanza que fue denunciada por la empresa eléctrica afectada.
El presidente de la institución provincial ha explicado que le ha parecido interesante estudiar qué pueblos de la provincia pueden estar en la misma situación porque la aprobación de una ordenanza, a cuya redacción se contribuirá desde la Diputación si los gobernantes municipales así lo estiman conveniente, y la consiguiente imposición de una tasa revertiría positivamente en las diferentes arcas municipales, aunque en mayor o menor medida dependiendo del grado de ocupación en cada caso.
Se trata, según ha precisado Caballero, de un sencillo planteamiento, puesto que el ofrecimiento consiste en que la Diputación pone a disposición de los ayuntamientos sus técnicos y sus servicios jurídicos para que si deciden hacer una ordenanza la elaboren de acuerdo con la resolución que ha hecho pública el Tribunal Supremo.
Ha indicado, asimismo, que, en el caso de que la compañía eléctrica recurra en vía judicial la ordenanza, la Diputación ofrecerá a los ayuntamientos asesoramiento jurídico y la comparecencia en juicio, por lo que únicamente tendrían que hacer frente al coste del procurador. Así las cosas, entiende que los efectos de proceder en el sentido que lo hizo Puebla de Don Rodrigo parecen todos positivos. De ahí que haya considero oportuno brindar la ayuda de la institución provincial con el objetivo de que los consistorios puedan aumentar su capacidad recaudatoria y favorecer con esos ingresos extra la vida de sus vecinos y vecinas atendiendo necesidades o poniendo en marcha nuevos servicios.
