Cargando...3.000 abonados y 500.000 euros en ganancias
La investigación se inició en octubre de 2017 a raíz de la denuncia impuesta por La Liga Nacional de Fútbol Profesional contra los responsables de una empresa por supuestos delitos contra la propiedad intelectual, contra los derechos de difusión televisiva de carácter condicional y de defraudación de las telecomunicaciones.
La empresa investigada, así como sus administradores, a pesar de contar con una página web en la que publicitaban los diferentes servicios que ofrecían a los clientes (telefonía, Internet y televisión), no incluían en la misma referencia alguna a los partidos de fútbol de las competiciones organizadas por el denunciante, ya que no contaban con la autorización ni los derechos para poder emitir esos eventos deportivos, ha informado la Policía en nota de prensa.
Para la distribución de canales codificados es requisito imprescindible contar con la autorización de los legítimos titulares, condición con la que la empresa investigada no había cumplido, por lo que el potencial lucro obtenido por el delito se incrementaba notablemente, ya que como gancho para obtener clientes ofrecía esos canales a un precio menor que el ofertado por los portales legales.
Fruto de las gestiones realizadas los investigadores identificaron a los administradores de la empresa, el domicilio social y establecimiento desde el que se daba atención al público, que además era desde donde se ofrecía la señal de televisión a todos sus abonados, lo que se constató tanto por el cableado que salía del local como por las numerosas antenas que había en el tejado.
3.000 ABONADOS Y 500.000 EUROS EN GANANCIAS
En el registro realizado en el local los agentes encontraron la instalación desde donde se emitía la señal de televisión a todos sus abonados. La señal era facilitada por otro operador nacional que tampoco cuenta con licencia para su distribución y una vez decodificada era emitida en abierto para todos los abonados.
Una vez terminado el registro se detuvo a los dos administradores de la empresa, como presuntos responsables de los delitos investigados. La empresa cuenta con casi 3.000 abonados a su servicio de televisión, lo que estaría reportando a los detenidos 500.000 euros anuales de ganancias ilícitas.
