Cargando...Así lo han puesto de manifiesto hoy el alcalde Diego Ortega, el concejal del Ciclo Hidráulico Ángel Montealegre y el de Obras, Ángel Puente en lo que consideran “un ejercicio de responsabilidad y de transparencia” que les obligaba a poner en conocimiento de la Justicia lo que han contrastado con diferentes auditorías y juristas externos que les han recomendado poner en conocimiento de la Justicia estos hechos.
Según esas auditorías, los anteriores responsables municipales, y en concreto la querella va contra los anteriores presidente de Aguas de Alcázar y concejal del Ciclo Hidráulico, “adjudicaban obras municipales presuntamente con irregularidades y con la generación de deuda”, por lo que según ha explicado el alcalde “se puede haber incurrido en actuaciones delictivas graves y muy graves de presuntos casos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude de exenciones ilegales”.
Como ya adelantó manchainformacion.com, el viernes fue presentada esta querella en los Juzgados de Alcázar de San Juan después de comprobar que Aguas de Alcázar “pasó de ser una empresa pública de gestión del ciclo hidráulico para ser una empresa constructora y se modificaron los estatutos para eludir todo tipo de responsabilidades”, ha señalado Montealegre.
La querella, que se diferencia de una demanda en que no puede ser retirada por el demandante, sino que la hacen suya los propios Tribunales, habla de “presunta irregularidad en la delegación de obras que debería hacer el Ayuntamiento y para las que no se han cumplido las normas de contratación de las administracionespPúblicas”, ha añadido el concejal.
Aguas de Alcázar “tiene una deuda supermillonaria” que supera los 6 millones de euros que se suma a la duda de si las contrataciones que hacía “han sido o no legales porque todo parece ser que esto es una trama organizada para eludir los controles jurídicos que se deberían hacer desde el Ayuntamiento”. Aunque según Montealegre hay al menos una treintena de casos, ha citado cuatro ejemplos como la contratación por 5,4 millones de euros de la tercera fase del Polígono Alces, la transformación de la CM-420 para convertirla en la Avenida de Pablo Iglesias, el parking de la Piscina municipal y la remodelación de la calle Cánovas del Castillo, obras que se hicieron “sin la delegación del Ayuntamiento” y en el último caso con la peculiaridad de que incluía “una aportación social para financiar la escultura de Pablo Iglesias que dijeron que donaba el PSOE a la ciudad”. Según ha añadido, una de esas obras valorada en 2,4 millones de euros “se adjudicó en tres fases a tres empresas del mismo dueño”.
Ángel Puente ha agregado que en este año de trabajo para preparar la querella se ha comprobado que las aportaciones sociales “pasaban sólo por Aguas, mientras que el dinero nunca pasaba por el Ayuntamiento”, con lo que Aguas se constituía “como el medio necesario para articular las adjudicaciones a constructoras”.
