Después de los dos plenos extraordinarios que se celebraron el lunes con el asunto del cambio de modelo de gestión de la empresa Aguas de Alcázar como punto del orden del día, hoy viernes, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha vuelto a ser escenario de otra sesión plenaria; en esta ocasión para dar luz verde al pliego de condiciones a las que se tendrán que someter las empresas que quieran concurrir a la licitación de este servicio. Entre esas condiciones figura la de constituir una empresa público-privada, en la que el Ayuntamiento tendrá el 48 por ciento del capital y la parte privada asumirá el 52 por ciento. No obstante, cualquier decisión deberá ser adoptada por al menos el 60 por ciento del accionariado.
Este pleno abre el proceso de licitación para la creación de esa empresa público-privada, que según el pliego de condiciones, mantendrá las tarifas como están ahora y conservará la plantilla actual, así como el patrimonio municipal en su integridad. Estos son algunos de los aspectos de los que ha dado cuenta el portavoz del Grupo Municipal Popular y gerente de Aguas de Alcázar, Ángel Puente, quien ha desmentido que ésta sea una estrategia política “para pagar las nóminas de los funcionarios”, como ha indicado la portavoz de la oposición, Rosa Melchor. En este sentido, Puente ha manifestado que “lo que viene a hacer este pliego de condiciones es a equilibrar gastos e ingresos”, pero “no se va a derivar el dinero a nada que no sea el Ciclo Hidráulico, por eso no van a subir las tarifas como en otras localidades de gestión mixta”.
Después de que el Grupo Municipal Socialista volviera a llegar tarde al pleno, como ya sucediera el lunes, su responsable ha acusado al equipo de Gobierno de “estar regalando Aguas” y de “tener tantas prisas por hacerlo, porque ya lo tenían premeditado”. Incluso se ha referido a empresas de gestión del agua con nombres concretos.
Melchor ha hablado de otras ciudades españolas en las que se ha hecho una operación de estas características y ha puesto el ejemplo de Jerez de la Frontera (Cádiz), “en donde al final subieron las tarifas, aunque el pliego de condiciones era muy similar al que presentan en Alcázar”. También ha asegurado que, desde la oposición, seguirán haciendo todo lo que esté en su mano para «evitar la venta».
Ni el Grupo Municipal de Ciudadanos por Alcázar (CxA), ni el del Partido Popular (PP) han hecho uso de la palabra en su primer turno de intervención, algo que para Melchor “es anormal, porque esto parece un monólogo”. En su segunda intervención, ha subrayado que el equipo de Gobierno ha reconocido que “esto es una privatización”, mientras que el portavoz de CxA y miembro del equipo de Gobierno ha remarcado que el Partido Socialista “es el mayor privatizador de España”. Como ejemplo, ha recordado que la Diputación de Ciudad Real, gobernada por el PSOE, “privatizó el agua de 35 municipios”, lo que “les desacredita ante la sociedad porque no están siendo coherentes”.
Por su parte, el portavoz del PP, Ángel Puente, recordó a la oposición que a este pleno no se traía el debate sobre el cambio de gestión, que ya estaba aprobado; sino el pliego de condiciones para iniciar la licitación de las posibles empresas interesadas en entrar a formar parte de una gestión mixta de la empresa de Aguas. Aseguró que se había realizado un «trabajo serio» para asegurar unas condiciones que permitan pagar la deuda, que la empresa que entre como socia realice inversiones en beneficio de los ciudadanos de Alcázar y que se mantenga el equilibrio entre gastos e ingresos para evitar la subida de tarifas.
Antes de proceder a la votación, el alcalde de Alcázar, Diego Ortega, aseguró que el procedimiento que se está llevando a cabo «es la mejor solución para la quiebra de Aguas, de la que «la oposición es responsable» y que la empresa, con este cambio de gestión, «seguirá siendo municipal y funcionando como hasta ahora». Por último dijo que «los vecinos son inteligentes y es posible que, con el tiempo, a quien tengan que pedir responsabilidades sea al PSOE».
FIRMAS
Adelantó también el Alcalde que, en un primer muestreo que se había realizado de las 8.669 firmas presentadas, había muchas que correspondían a personas no empadronadas en Alcázar, menores de edad y otras con defecto de forma.








































































