Esa apuesta de respaldo a la población mayor de 65 años ha quedado de manifiesto en la convocatoria alentada por el vicepresidente del Área de Salud y Bienestar Social, Tomás Villarrubia, de poner en marcha un programa de ayudas económicas para sufragar las actividades y funcionamiento de estas entidades, en su afán de integración de la población mayor de 65 años en la vida de sus respectivos municipios.
La última Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo, presidida por Álvaro Gutiérrez, ha resuelto favorablemente la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades, en materia de bienestar social, por asociaciones de jubilados y pensionistas de la provincia de Toledo para el presente ejercicio.
La convocatoria aprobada ratifica la convicción de cercanía del gobierno progresista de la Diputación de Toledo de respaldar las actividades y proyectos de los jubilados y pensionistas de nuestra provincia, al destinar 90.000 euros a esta finalidad, que suponen un incremento superior al 16 por ciento respecto del pasado ejercicio económico.
El equipo de gobierno de la Diputación apuesta por la transparencia y publicidad en la aprobación de unas bases abiertas a la totalidad de asociaciones de jubilados y pensionistas de la provincia de Toledo, con el único requisito de acreditar su sede social en alguno de los municipios toledanos y su inscripción en los registros públicos correspondientes.
La Diputación de Toledo reservará la cantidad de 90.000 euros para esta finalidad, estableciendo que, con carácter general, se establece una subvención máxima e individualizada por Asociación de 3.000 euros.
En la solicitud de ayuda de cada Asociación deberá aportarse el proyecto de las actividades objeto de la misma, sus objetivos, la definición de las acciones previstas y las fechas de su desarrollo, los destinatarios, la localización geográfica de esas actividades y una memoria detallada de su coste y financiación.
Una vez acabado el plazo de presentación de solicitudes será una Comisión Técnica la encargada de analizar y valorar aquellas, formulando una propuesta de resolución que no excederá del plazo de tres meses a contar desde la fecha de su entrada en el Registro de la Institución provincial.
