Cargando...La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) expresa su más enérgica condena ante la revelación confirmada, por parte del Ministerio del Interior, de la elaboración de un documento que clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información por parte de su Oficina de Comunicación, entre finales de 2023 y 2024. La lista incluye a directores de medios, columnistas, tertulianos y redactores, así como a responsables o antiguos responsables de organizaciones profesionales, como la propia FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid o la Asociación de Periodistas Parlamentarios. En ella también figuran profesionales que cubren habitualmente información relacionada con Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
En una sociedad democrática, ningún organismo del Estado tiene legitimidad para fichar, catalogar o perfilar ideológicamente a quienes ejercen el periodismo, por cuanto constituye un ataque directo a la libertad de prensa, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, al introducir un elemento de vigilancia y potencial represalia sobre el ejercicio profesional de la información. Esta práctica, incompatible con el Estado de derecho, puede tener consecuencias sobre el ejercicio del periodismo crítico, dado que los periodistas pueden verse condicionados en su labor profesional al saber que sus informaciones u opiniones son objeto de seguimiento y catalogación por parte del Gobierno. Resulta especialmente grave que se establezca una distinción entre periodistas «afines» y «problemáticos» desde una institución con capacidad de influir en el acceso a fuentes, acreditaciones y trato institucional.
Ante estos hechos, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España exige al Ministerio del Interior el cese inmediato de cualquier práctica de clasificación, seguimiento o perfilado de periodistas por parte de organismos públicos; garantías efectivas de que los profesionales incluidos en el listado no han sufrido ningún tipo de perjuicio, represalia o trato diferenciado como consecuencia de esta catalogación y depuración de responsabilidades en el seno de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior.
La FAPE hace un llamamiento a las demás asociaciones profesionales del sector, a los colegios de periodistas, a los sindicatos y a la ciudadanía en general para que se sumen a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía democrática de toda la sociedad: cuando se vigila a quienes informan, se controla indirectamente el derecho a recibir información veraz.
