La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará este jueves, 17 de septiembre, a I.E.G., un hombre para el que la Fiscalía solicita ocho años y cuatro meses de prisión por presuntos delitos contra la libertad sexual, agresión sexual y amenazas a un menor que tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a junio y julio de 2022, cuando el acusado habría comenzado a mantener contactos reiterados a través de WhatsApp con el menor, hijo de una compañera de trabajo.
La Fiscalía sostiene que el procesado insistía de forma persistente en quedarse «a solas» con él y trataba de ganarse su confianza con un lenguaje seductor, mientras el menor no contó inicialmente lo que estaba ocurriendo a su madre por temor a posibles represalias laborales contra ella.
Según la versión de la acusación pública, el 1 de julio de 2022 ambos quedaron en las inmediaciones de la plaza de toros de una localidad de la comarca de Daimiel.
Allí, el acusado habría ofrecido dinero al menor a cambio de que le mostrara sus genitales y se masturbara, propuesta a la que este se negó.
Posteriormente, siempre según el relato de la Fiscalía, el hombre le ofreció una botella de Coca-Cola de la que el menor bebió aproximadamente la mitad y comenzó a sentirse mareado.
El Ministerio Público afirma que el acusado habría aprovechado esa circunstancia para realizarle tocamientos de carácter sexual en dos ocasiones mientras le sujetaba e impedía abandonar el lugar.
El escrito fiscal añade que, tras lo ocurrido, el acusado habría seguido llamando reiteradamente al menor y amenazándole con perjudicar laboralmente a su madre, llegando a advertirle de que algún día podría sufrir «un accidente con la furgoneta del trabajo» en la que viajaba.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito contra la libertad sexual, cuatro años por un delito de agresión sexual y otros 16 meses de cárcel por un delito de amenazas.
Además, reclama prohibiciones de aproximación y comunicación con el menor, medidas de libertad vigilada durante diez años y la inhabilitación durante ese mismo periodo para ejercer profesiones u oficios que impliquen contacto regular y directo con menores.
