Cargando...Los sindicalistas denunciaron ante los medios de comunicación la campaña de desprestigio que, a su juicio, están sufriendo los trabajadores de los servicios públicos, que unida a otras acciones de estas características, “persiguen provocar un cambio en el modelo”. En palabras del secretario de la FSP-UGT en la territorial de Alcázar de San Juan, Ángel Escudero estos recortes de los servicios públicos no sólo afectan a los trabajadores de los mismos, sino que “ya se están creando problemas en los ciudadanos”.
El secretario federal de la FSP-UGT, Julio Lacuerda señaló, en este sentido, que “existe una voluntad interesada de mantener artificialmente la crisis financiera para convertir los servicios públicos de nuestro país y, por desgracia, también de Europa, en una fuente de negocio” y en esta situación, los dirigentes sindicalistas ven que no sólo peligra el mantenimiento de los servicios públicos, sino que además se plantea la situación de tener que volver a reconquistar lo conseguido.
En este sentido, la secretaria regional de la FSP-UGT, Mari Carmen Campoy subrayó que la nueva ley de medidas complementarias al Plan de garantías a los servicios sociales aprobadas en las Cortes de Castilla-La Mancha tiende a la privatización en sanidad y educación y exige además “un esfuerzo adicional a los empleados públicos”, puesto que después de haberles reducido el salario en un 5%, ahora se les vuelve a recortar en un 3% más, “porque nos dicen que hay que cuadrar las cuentas y para ello proponen hacerlo en servicios esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia”.
UGT invita a los ciudadanos a participar en la huelga convocada por el sector público para el 29 de febrero, una huelga en la que piden la retirada de estas y otras medidas como la modificación constitucional que obliga a la estabilidad presupuestaria, ya que según Lacuerda el “único objetivo” de esta ley “es el pago de la deuda y no establece un mínimo suelo que garantice la supervivencia en términos de calidad y universalidad de los servicios públicos”, por lo que entiende que España “dará un salto atrás, que probablemente no se podrá recuperar”, por lo que pide que los ciudadanos se manifiesten en contra de estas medidas el próximo día 29.
