Cargando...La tónica del desencuentro se ha repetido también en el resto de la sesión, en la que también se han aprobado modificaciones al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo objetivo es facilitar la construcción en la ciudad. Ha habido unanimidad en apoyar la adhesión del Ayuntamiento al pacto de energía sostenible y en rechazar la intención del Consejo General del Poder Judicial de reducir el número de partidos judiciales.
En cuanto al Reglamento Orgánico Municipal, el equipo de Gobierno lo presentaba en el Pleno como un elemento “necesario”, cuyo objetivo no es otro que el de “regular la actividad interna del Ayuntamiento y dar seguridad jurídica a todos”, según ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ramos. La nueva norma incluye aspectos tales como las obligaciones de los concejales, el derecho a la información, la actividad de los grupos políticos, el funcionamiento del Pleno, de las juntas de portavoces y de las comisiones, o la adopción de acuerdos, entre otros.
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha criticado este reglamento por considerar que limita los derechos de la oposición. En este punto, su portavoz, José Fernando Sánchez Bódalo ha tachado la medida de «didactorial y fascista», términos con los que ha calificado también al alcalde y a su equipo. El primer edil, Diego Ortega ha dicho que no toleraba estas palabras y le ha exigido que pidiera disculpas por ello, haciéndole una primera llamada al orden.
Por su parte, el portavoz del Grupo de Ciudadanos por Alcázar (CxA), Ángel Montealegre ha manifestado que «precisamente Diego Ortega no es un alcalde que se distinga por ser dictador» y ha anunciado que la televisión municipal emitirá plenos presididos por Ortega y por Sánchez Bódalo para que la ciudadanía pueda valorar «quién es el dictador».
En esencia, el nuevo reglamento regulará la obligación del equipo de Gobierno de responder a las solicitudes de información de la oposición en un limitado periodo de tiempo, e incluso señaló que no se ha fijado ningún número máximo de ruegos y preguntas que cada grupo puede presentar en los Plenos de forma escrita. El límite, en este caso, se refiere únicamente al planteamiento oral de esos ruegos y preguntas, fijado en tres preguntas y dos ruegos para cada grupo. Actualmente hay tres grupos municipales, con lo que se podrán presentar nueve preguntas y seis ruegos, una cantidad razonable para Ramos, quien subrayó la necesidad de acabar con la tendencia actual de convertir el turno de ruegos y preguntas en una larga enumeración de cuestiones que “atasca el funcionamiento del Pleno”.
El nuevo reglamento también regulará la presentación de enmiendas, así como el horario de las sesiones plenarias, que pasarán a ser siempre por la mañana, lo que también ha generado la crítica de la oposición, porque entiende que se impedirá así la asistencia de numerosos vecinos que durante la mañana tienen que trabajar. Para Enrique Ramos, sin embargo, Alcázar de San Juan es uno de los pocos ayuntamientos de su tamaño que seguían celebrando los plenos por las tardes, y aseguró que celebrarlos por la mañana no impide en modo alguno el acceso a la información por parte de los ciudadanos, dado que a través de los medios de comunicación se informa puntualmente de cada sesión, que incluso se puede seguir de manera íntegra tanto en la televisión municipal como en Internet. “El derecho del acceso a la información política y a los Plenos está cubierto”, subrayó Ramos, que además matizó que tampoco son tantos los vecinos que habitualmente asisten a las sesiones plenarias.
El portavoz del Grupo Popular subrayó el interés del equipo de Gobierno por el diálogo y el consenso en la aprobación de este reglamento, para cuya redacción se han celebrado hasta cuatro intensas comisiones en las que se han aprobado 14 de las enmiendas presentadas por el PSOE, mientras que otras 16 se han admitido tras ser debatidas y acordadas entre los grupos. “Es un reglamento fruto del acuerdo y del consenso”, concluyó.
MODIFICACIONES DE LAS ORDENANZAS FISCALES
El Pleno ordinario ha tratado dos modificaciones de ordenanzas fiscales que el equipo de Gobierno ha llevado a cabo para reducir la presión fiscal indirecta sobre los ciudadanos, además de facilitar el fraccionamiento y aplazamiento del pago de los diferentes tributos municipales, modificaciones que vienen motivadas por «la difícil situación económica que están sufriendo los vecinos», que verán reducidas así las cargas administrativas, según ha explicado el portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Economía y Hacienda, Enrique Ramos.
Según ha señalado, hasta ahora el fraccionamiento y aplazamiento de los pagos tenía unos plazos más limitados y unos requisitos más exigentes. Así, el primer tramo de deuda de los ciudadanos con el Ayuntamiento estaba fijado entre 150 y 600 euros, y el fraccionamiento y aplazamiento máximo del pago estaba limitado a tres meses. Ahora el primer tramo llegará hasta los 1.000 euros que se podrán pagar en un plazo de seis meses.
El segundo tramo iba de 600 a 3.000 euros, pero ahora quedará fijado entre 1.000 y 6.000 euros, con posibilidad de fraccionar y aplazar el pago en un plazo de entre seis y 18 meses.
Por último, para el tercer tramo, fijado a partir de la aprobación de la modificación desde 6.000 euros en adelante, el pago se podrá fraccionar o aplazar hasta los 36 meses, en lugar de los 12 meses actuales.
Esta modificación incluye también un cambio sustancial en lo que se refiere a la obligación de presentar garantías de pago. La situación actual implica que no es obligatorio presentar garantía para las deudas de hasta 3.000 euros, pero sí para cuantías mayores. Esta garantía habitualmente venía a través de un aval bancario. Sin embargo, ante las cada vez más trabas que ponen los bancos para la concesión de avales, a partir de ahora las garantías de pago sólo se exigirán para deudas superiores a los 18.000 euros. En cantidades menores, se podrá solicitar el aplazamiento y fraccionamiento sin presentar garantía alguna.
La segunda modificación fiscal provenía de las concejalías de Hacienda y Urbanismo, y tiene que ver con el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Hasta la aprobación de esta modificación, para conceder una licencia de obras se exige una fianza de 600 euros por metro lineal de fachada para cubrir posibles daños y deterioros que se pudieran producir en la vía pública, lo que daba lugar a que en muchas ocasiones la cuantía de la fianza fuera incluso superior a la de la licencia o que el banco no concediera el aval suficiente para cubrir esta fianza, que ahora desaparecerá.
Ramos ha manifestado que el hecho de no tener que aportar esta fianza no implica que los propietarios que realicen obras no tengan que reparar los daños producidos en la vía pública. Tendrán que sufragar las posibles reparaciones, pero sin tener que asumir previamente un desembolso económico en forma de fianza. Además, el edil de Hacienda ha insistido en que esta medida ayudará al sector de la construcción eliminando trabas para el inicio de las obras.
ADHESIÓN AL PACTO DE ENERGÍA SOSTENIBLE Y OTROS PUNTOS
La unanimidad, no sin debate y sin desencuentro, ha llegado en la adhesión del pleno al Pacto de energía sostenible que compromete al Ayuntamiento a aplicar políticas que hagan que se reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera. También ha habido unanimidad para aprobar la moción presentada por el Grupo Socialista en relación al anuncio del Consejo General del Poder Judicial de reducir partidos judiciales y por tanto juzgados. Con este acuerdo de pleno, se pretende hacer reflexionar a la institución judicial sobre lo perjudicial que sería para Alcázar de San Juan la reducción o eliminación de juzgados.
No ha ocurrido lo mismo con la otra moción de urgencia que presentaba el grupo de la oposición en la que pedían el pronunciamiento del pleno para exigir que se mantenga la calidad asistencial en materia sanitaria y que se continúe ofreciendo como un servicio público. Los votos del equipo de Gobierno han rechazado la urgencia, lo que ha impedido debatir la moción.
