Cargando...Gil-Ortega ha criticado la actitud del Grupo Parlamentario Socialista al presentar una enmienda a la totalidad, porque esto significa que “no les gusta nada de lo que contiene y es curioso que aquellos que dejaron a Castillla-La Mancha quebrada en lugar de reconocer los fallos, quieren que Cospedal siga haciendo lo mismo para que nos caigamos al precipicio. Ellos arruinaron a la región y desde la oposición pretenden seguir haciendo lo mismo”.
Sin embargo, el modo de trabajar del actual Gobierno es diferente, según Gil-Ortega con lo que se pueden ver dos modelos, el del Partido Popular “diciendo la verdad” y el del Partido Socialista que “engañaba y falseaba la realidad aumentando los ingresos”. Muestra de ello, es según ha asegurado que en nóminas presupuestaran 400 millones de euros menos que los que tenían que pagar o que los 70 millones de euros que hay que amortizar al año de la Autovía de los Viñedos no se presupuestaran. Además “no pagaban a las farmacias, a las ambulancias, los libros de texto” y otros.
Francisco Gil-Ortega ha subrayado que el Gobierno anterior dejó una deuda de 11.000 millones de euros, lo que hace que cada día del año Castilla-La Mancha que destinar un millón de euros para su amortización. A esto se suman más de 611.000 facturas que “dejaron sin pagar y aún hoy siguen saliendo facturas escondidas en los cajones”, y a pesar de eso “todavía tienen la poca vergüenza de decir que no les gusta nada de lo que se está haciendo en la región”.
El 85% del Presupuesto presentado se destina a la sanidad, los servicios sociales y la educación, “garantizando una educación y una sanidad universal y gratuita”. “Son los presupuestos de la verdad, diciendo el dinero que hay, de donde viene y a que se va a dedicar” y ha recordado que otros lugares gobernados por el Partido Socialista se están empleado políticas de las mismas características, “pero aquí parece que los socialistas son de otra casta, son los artistas de la mentira y del engaño”.
El diputado regional ha apuntado que de haber seguido gobernado el PSOE, “ningún funcionario de Castilla-La Mancha estaría cobrando desde hace cuatro meses” mientras que, en un plazo de quince días comenzarán a cobrar los 20.000 proveedores con facturas pendientes con la Junta de Comunidades.
