Según el escrito de calificación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, P.J.P, nacida en el año 1919, padecía ya en 2007 un deterioro cognitivo moderado, tipo Alzheimer, grado seis, que ya entonces le suponía un grave, progresivo e irreversible deterioro comportamental así como desorientación en tiempo, persona y espacio.
La acusada, L.H.G, sobrina nieta de la víctima, y su esposo E.M.H.B, puestos de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial, siendo conocedores de la enfermedad mental que padecía y aprovechándose de su fácil sugestionabilidad y frágil memoria así como la confianza que P.J.P depositaba en ellos, decidieron integrar en su patrimonio una importante cantidad de dinero que pertenecía a P.J.P.
Ambos acusados eran los familiares más cercanos que tenía en Toledo y por tanto los que mejor podían ocuparse de ella y los únicos de los que recibía visitas periódicas en la residencia donde se hallaba ingresada, relata el Ministerio Fiscal.
Fruto de ese vínculo, indica el fiscal, la convencieron para realizar determinadas operaciones bancarias que la víctima realizaba en agradecimiento de los supuestos cuidados y atención que recibía de los acusados y con el afán de compensar los supuestos problemas económicos que les acuciaban y de los que ellos le hacían partícipe a fin de obtener su ilícito propósito.
Así, los acusados, en distintas fechas, a lo largo de los años 2008, 2009 y 2010 convencieron a la víctima para que ordenara transferencias en favor suyo y para que suscribieran un contrato en una entidad bancaria de Pantoja (Toledo), de tal modo que obtuvieron una tarjeta de débito domiciliada en la cuenta de P.J.P.
A partir de ese momento, realizaron múltiples y constantes operaciones de disposición de efectivo en cajeros así como compras en establecimientos comerciales hasta que dejaron la cuenta de la víctima al descubierto.
El montante total del que dispusieron en ese periodo de tiempo correspondía, según la Fiscalía, a todos los ahorros acumulados de su tía abuela, los cuales le garantizaban una adecuada calidad de vida y el periódico abono de la Residencia de Personas Mayores donde se hallaba ingresada.
Además de pedir una pena de cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos, la Fiscalía señala que ambos indemnizarán a la víctima y a su hermana en la cantidad de más de 51.380 euros.
