Cargando...Las defensas de los seis acusados de cortar y distribuir cocaína desde un laboratorio clandestino en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han impugnado en la última sesión del juicio que se ha celebrando en la Audiencia Provincial toda la prueba que incrimina a sus defendidos porque consideran que se ha conseguido de manera «ilícita».
Por todo ello han pedido la libre absolución de sus defendidos a los que se les acusa de unos hechos por los que la Fiscalía solicita un total de 68 años de prisión, concretamente desde los 14 años que pide para el cabecilla, J.R.P.V., 12 para E.A.P.M., A.G.C., E.B.A., y nueve para R.B.B. y J.F.R.
Entre los argumentos esgrimidos entre los seis letrados destaca el lanzado por la abogada del hijo del supuesto cabecilla de la organización criminal en el que define lo declarado por los investigadores y sostenido por la Fiscalía como «un cuento de hadas».
En concreto se ha referido a lo «poco creíble» de la circunstancia «fortuita» explicada por los agentes responsables del operativo como inicio de la investigación. «Toparse por casualidad con una furgoneta que les lleva hasta un grupo de traficantes» y más tratándose de tres agentes de Udyco Central, ha añadido.
Y es que, como ha argumentado el abogado del empresario alcazareño dueño de la finca en la que se situaba el laboratorio ilegal, «no hay ninguna prueba acreditada», por lo que no puede haber una sentencia «basada en meras conjeturas de la Fiscalía e instructores sobre lo que sabían o no», en referencia a todos acusados y concretamente a su defendido. «Por todo ello se ha incurrido en una nulidad de libro», ha sugerido.
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
La vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la prueba es otra de las razones dadas por parte de las defensas, aludiendo todas ellas a las escuchas telefónicas y a la interceptación de mensajes y coincidido en que no prueban nada de las razones por las que se incriminan a sus defendidos.
Finalmente, las defensas también se han escudado en las dilaciones indebidas por parte de la instrucción para lograr la libre absolución de todos los encausados.
Por su parte, el fiscal considera probado que los seis acusados eran miembros de una «organización criminal» basándose en la investigación que durante nueve meses desarrollaron los agentes de la UDYCO Central-Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía, siguiendo a estas personas y a otras dos que permanecen huídas. Por este motivo, ha mantenido sus peticiones de pena para cada uno de los encausados.
Respecto a las dilaciones indebidas, el fiscal no considera que se hayan producido, ya que hay que tener en cuenta «la complejidad de las pruebas y la investigación».
Un juicio que ha quedado visto para sentencia después que ninguno de los seis acusados haya querido utilizar su último de palabra.
