Los representantes de la FAVA mostraron su preocupación ante la situación real de pobreza, unida al aumento de la tasa de paro, que está llevando a muchas familias alcazareñas a no poder cubrir sus necesidades básicas ni pagar sus hipotecas.
En estos momentos, en España, se ejecuta una media de 500 desahucios diarios; desahucios que no han tenido en cuenta la situación familiar y social de los afectados.
Además, según esta Federación, en Alcázar existen muchas familias necesitadas cuyas viviendas son de protección oficial, en régimen de alquiler con derecho a compra y que, a consecuencia de la crisis, han visto reducidos o anulados sus ingresos y se encuentran en proceso de desalojo. Se refirieron, concretamente, a las viviendas del barrio de La Pradera edificadas en suelo público y en las que se están realizando desahucios por la empresa GICAMAN -dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha- sin tener en cuenta que se trata de alquileres sociales.
Actualmente, la FAVA ha tomado la iniciativa de informar a las familias para poder evitar el desalojo y ha solicitado, a través de una moción, el apoyo del pleno del Ayuntamiento.
La FAVA solicita al Consistorio, entre otras cosas, que se cree una comisión especial para buscar alternativas que eviten los desahucios y, en los casos que no sea posible, garantizar el realojo de las familias afectadas; que presione a los bancos y cajas de la localidad para que paren los procesos y que la policía municipal no participe en ningún desahucio.
También solicitan al Ayuntamiento, en la citada moción, que pida al gobierno de la nación que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la dación en pago; que inste a la Junta de Comunidades a frenar las acciones de desahucio en viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con derecho a compra, ubicadas en suelo público, hasta que se compruebe el motivo de los impagos de las mensualidades y que se establezcan medidas que faciliten su pago.
