Cargando...La Diputación de Toledo ha situado la mejora de las comunicaciones, la participación de las personas mayores y la gestión responsable de los recursos públicos entre los principales asuntos abordados por el Pleno provincial, que han sido aprobados por unanimidad de los tres grupos políticos.
En materia de carreteras, la Diputación de Toledo ha dado continuidad a la tramitación del que está considerado el mayor contrato de su historia, con una inversión superior a 223 millones de euros durante los próximos veinte años. La nueva concesión permitirá garantizar la conservación, mantenimiento, explotación y mejora de los 957 kilómetros de la red provincial, integrada por 116 carreteras y cinco caminos vecinales.
La portavoz provincial, Soledad de Frutos, ha destacado la dimensión de una actuación que, según ha señalado, “permite planificar durante 20 años la conservación y modernización de toda la red provincial, con una inversión superior a 225 millones de euros y con el objetivo fundamental de tener carreteras más seguras, mejor conservadas y que garanticen la movilidad y la cohesión territorial”.
El contrato contempla además la redacción y financiación de los proyectos y la ejecución de las obras necesarias para mejorar la red viaria, con un periodo de ocho años previsto para la ejecución de las inversiones. La actuación se dividirá en tres zonas geográficas: la Zona 1, correspondiente a la comarca de Talavera, con 414,255 kilómetros; la Zona 2, que comprende La Sagra y Ocaña, con 232,895 kilómetros; y la Zona 3, correspondiente a la comarca de Toledo, con 309,862 kilómetros.
La inversión prevista asciende a 225,67 millones de euros, distribuidos en tres lotes, uno por cada zona. El modelo establece que el concesionario asuma la financiación de los proyectos y obras, así como la conservación, mantenimiento y explotación de las carreteras, vinculando su retribución al cumplimiento de determinados índices de calidad.
En este sentido, la portavoz provincial ha subrayado que el modelo permitirá a la Diputación afrontar “una inversión de esta dimensión” incorporando financiación privada y evitando asumir un endeudamiento que considera inasumible, al tiempo que se mantiene el control de la prestación.
“La conservación, el mantenimiento y la explotación estarán vinculados al cumplimiento de índices de calidad, porque no solo queremos invertir en nuestras carreteras, sino garantizar también que el servicio que se presta sea de calidad y esté sometido al control de la Diputación”, ha señalado.
Con este sistema, la Diputación busca garantizar una inversión permanente en la red provincial y mejorar la seguridad, conservación y calidad de las carreteras sin asumir un endeudamiento que considera inasumible, incorporando financiación privada y asegurando el control de la prestación mediante indicadores de calidad.
El Pleno ha aprobado el inicio del expediente de licitación y la autorización de los límites de financiación plurianual necesarios para desarrollar un contrato de estas características. Los anteproyectos de construcción y explotación de las tres zonas, que fijan las actuaciones de inversión inicial, conservación y explotación, fueron aprobados definitivamente por el Pleno en noviembre de 2025.
La red provincial cumple una función de conexión entre municipios, especialmente en zonas rurales y comarcales, donde las carreteras provinciales forman parte de los desplazamientos diarios de vecinos, trabajadores, empresas y servicios públicos. La conservación de estas vías incide también en la seguridad vial y en la accesibilidad entre localidades.
La nueva concesión busca adaptar el servicio a las necesidades actuales y futuras de la provincia, con actuaciones orientadas al mantenimiento, la mejora de las comunicaciones y la cohesión territorial.
Consejo Provincial de Personas Mayores
En el ámbito social, el Pleno ha sometido a aprobación inicial la Ordenanza Reguladora del Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo, con la que la Diputación sigue avanzando en incorporar de forma directa la voz de las personas mayores a las políticas provinciales y que ha sido aprobada por unanimidad.
El nuevo Consejo Provincial de Personas Mayores de la provincia de Toledo se ha configurado como un órgano consultivo y participativo que tendrá como finalidad canalizar la participación y colaboración de este colectivo en la planificación, desarrollo y evaluación de los servicios y programas que le afectan directamente.
La portavoz provincial ha puesto el acento en la voluntad de que este nuevo órgano permita que las personas mayores tengan un papel activo en las decisiones que les afectan. “No queremos que las políticas dirigidas a las personas mayores se diseñen sin contar con ellas. Este Consejo va a permitir que tengan una participación real y directa en aquellas decisiones y programas que les afectan”, ha afirmado Soledad de Frutos.
También ha previsto su participación en cuestiones relacionadas con la salud, el transporte, el envejecimiento activo, el asociacionismo y otras materias de competencia provincial.
El Consejo contará con representación de asociaciones y federaciones de personas mayores, entidades sin ánimo de lucro que atienden a este colectivo, representantes de los grupos políticos y personal técnico de la Diputación. Además, incorporará a expertos cuando las circunstancias lo requieran.
Para Soledad de Frutos, la creación de este órgano adquiere una especial relevancia en una provincia como Toledo, con un marcado carácter rural, al permitir “escuchar de forma directa a las personas mayores y contar con su experiencia y sus propuestas a la hora de abordar las políticas y programas provinciales que les afectan”.
La aprobación inicial abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles para que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias. Si no se presentaran, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada sin necesidad de un nuevo acuerdo plenario.
Asuntos Económicos
En materia económica, la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2025 ha sido sometida a la deliberación y aprobación del Pleno después de haber permanecido expuesta al público sin reclamaciones, reparos u observaciones.
Entre las principales magnitudes económicas de la Diputación han destacado los fondos líquidos a 31 de diciembre de 2025 de 160,1 millones de euros y un resultado económico-patrimonial positivo de 46,35 millones de euros.
Una vez aprobada por el Pleno, la Cuenta General será trasladada al Tribunal de Cuentas, conforme a la legislación vigente.
Por último, el Pleno ha conocido el informe de Intervención correspondiente al segundo trimestre de 2026 sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. El documento ha confirmado el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de deuda.
El conjunto de estos acuerdos y decisiones reflejan el compromiso del Gobierno de la Diputación con la inversión en infraestructuras, la mejora de los servicios públicos, la participación ciudadana y una gestión económica responsable, con el objetivo de seguir avanzando en la igualdad de oportunidades y en la calidad de vida de los ciudadanos de todos los municipios de la provincia.
